El maltratador de sonrisa blanqueada

Viñeta de 'El Roto' publicada en El País

En el imaginario colectivo, con más o menos debate, se tiene una idea consensuada de la persona que maltrata a menores. Padres desaprensivos, cuidadores irresponsables, abusadores... Y así una lista interminable de radiografías repudiadas y señaladas por la opinión pública. Pero, y ¿cuándo hablamos de maltrato institucional? Aquí empieza la niebla, los eufemismos, el olvido... Desaparecen los nombres y apellidos, los gobernantes de las administraciones públicas repiten su mantra de que los menores en protección “están bien cuidados” y algunas entidades privadas que los atienden montan sus campañas publicitarias de sonrisas blanqueadas. Ambos responsables se parapetan en la privacidad del menor para imponer un silencio soterrador. Desde nuestro colectivo, y como consecuencia del conflicto en el COA, hemos intentado humildemente aportar algo de luz a esta omertá en el Sistema de Protección de Menores de Aragón. Quienes siguen nuestras denuncias son conocedores de que próximamente Intress ha anunciado el desembarco de un director técnico de su confianza en el COA. Y en la entrada de este blog, mediante un simple ejercicio de razonamiento deductivo, trataremos de responder esta pregunta: ¿El próximo director técnico de Intress en el COA puede ser un maltratador de menores en protección?

Antes de inciar las premisas, nuestro punto de partida es la definición de maltrato institucional. Tomamos la expresada por el pediatra Antoni Martínez Roig, uno de los pioneros que ya en los 80 impulsó la prevención y atención al maltrato infantil. Este profesional dice: “Se entiende por maltrato institucional a cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual de los profesionales que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño/a y/o la infancia”.

Primera premisa: Intress decide prescindir sin ningún criterio técnico en el Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza de cuatro educadores con una dilatada e intachable trayectoria profesional superior a los tres años en dicho recurso residencial.

La responsabilidad de esta decisión está difuminada en Intress. Ha sido comunicada por Mar Segovia, responsable de la zona centro de esta entidad, tanto al coordinador técnico del COA como a algunos de los educadores represaliados. Cuando se le ha pedido que dé un razonamiento o motivo técnico de esta medida, no ha concretado nada salvo que es una decisión tomada por la entidad. Sin más que añadir, suponemos entonces que el responsable último de esta decisión será el director general de Intress, Javier Martínez. Pero éste tampoco ha contestado a nuestra carta, se escondió en un comunicado vaporoso y repleto de eufemismos sin firma alguna. La razón de esta represalia es clara y sencilla: Es superior el objetivo de acabar con Educadores en Lucha que el de atender a los menores en protección del COA.

Segunda premisa: La atención a menores en protección se resiente negativa y gravemente si es llevada a cabo por profesionales sin experiencia ni formación alguna en este recurso en lugar de educadores conocedores de los perfiles y del centro.

No, no somos un equipo endogámico. Todos llegamos al COA con nuestro mochila de conocimientos y herramientas, y todos hemos aprendido día a día gracias a la experiencia y a los compañeros. Nadie rebate eso. Lo que sí denunciamos es la gratuidad y la mala intención de Intress de apartar a educadores expertos tan sólo por intereses espurios y no por primar la atención a los menores. Y lo hacemos desde la responsabilidad de nuestra labor profesional. No trabajamos con árboles, trabajamos con menores en riesgo, la figura más débil y frágil de la sociedad. Alguien duda que no sería mejor tener a un/a educador/a experto/a en situaciones de menores como estas: comportamientos violentos, agresiones, intentos autolíticos, brotes psicóticos, intoxicaciones, autolesiones, depresiones... Y una lista interminable de intervenciones a las que nos tenemos que enfrentar. Y todavía más importante, debemos ayudar al menor a superar estas situaciones críticas.

Conclusión: La persona responsable de que la atención a los menores del COA se deteriore por prescindir gratuitamente de educadores expertos y resolutivos es un/a MALTRATADOR/A.

Intress ha comunicado que el nuevo/a director/a técnico/a del COA será quien tome la decisión de reincorporar a los cuatro educadores represaliados. Desconocemos hasta la fecha nombre y apellidos de este/a profesional. Pero ya le hemos informado por carta pública de la actual situación. Y entendemos que si acepta libremente este puesto, también lo hace con las responsabilidades que conlleva, no queremos excusas, ni mentiras. Si la persona que acceda a este cargo no readmite de inmediato a los cuatro educadores del COA, bajo nuestra opinión y deducción, tendremos claro el calificativo que se merece. Tenga la sonrisa blanqueada o no.